Nos propusimos dar una respuesta a la hipotética relación causal entre la propiedad intelectual y el desarrollo. ¿En qué medida la protección de la tecnología y la inversión incrementan las tasas de innovación, productividad, generación de valor agregado y empleo? Una respuesta difícil de consensuar. Ante los planteos fundamentalistas o parciales, preferimos optar por una solución pragmática que promueva una política global y de largo plazo en beneficio mutuo de todos los actores. El telón de fondo de la propuesta considera: a. el beneficio social como sentido final de la propiedad intelectual; b. el equilibrio entre la compensación económica de los titulares de derechos y el margen de ganancias del agricultor; y c. la factibilidad económica y práctica de su aplicación.

Teniendo en cuenta los intereses de todos los actores, presentamos un proyecto de ley coherente con la legislación en vigencia y los tratados internacionales. Incluimos, además, esquemas contractuales para la relación entre los distintos agentes: agricultores, titulares de derechos del obtentor, titulares de patentes, multiplicadores y centros de investigación. Como herramienta de trabajo, se preparó un manual de buenas prácticas jurídicas para las empresas nacionales, Universidades y centros de investigación.